El odio a los abogados no es nada nuevo. A lo largo de los años, gracias a algunos abogados que manipularon sus posiciones para obtener el mayor beneficio posible, la profesión jurídica en general se ganó una mala reputación. Así que cuando se trata de grandes litigios contra poderosas empresas como Toyota y BP, los críticos legales se apresuran a señalar a los abogados como villanos sedientos de dinero, que piensan más en el balance final que en el bienestar de sus clientes.
Claramente, este no es el caso. Puedo decir por experiencia propia que los abogados aquí en GJEL Abogados de Accidentes son apasionados en ayudar a sus clientes a través de tiempos difíciles causados por muerte injusta, accidentes automovilísticos, u otros daños físicos. Por esta razón, me consternó leer un vitriólico Washington Times editorial afirmando que los abogados son "debido a obtener más moolah de Toyota y BP que las víctimas".
El editorial de Lawrence Schonbrun, director ejecutivo de Class Action Watch, una organización sin ánimo de lucro contraria a la abogacía, no aporta datos ni cifras firmes que demuestren qué tipo de beneficios han obtenido los abogados en anteriores demandas colectivas importantes, y se limita a decir que los abogados "saltan por encima de sí mismos para sacar provecho de los delitos cometidos por las empresas" y que sus demandas no son más que "frenesíes de alimentación con pirañas jurídicas que compiten por lucrativos puestos en comités desde los que repartir patrocinio... a las muchas bocas de abogados que necesitan alimentarse".
Schonbrun pregunta entonces: "¿cuántos de los mejores abogados de 750 a 900 dólares la hora se necesitan para resolver las demandas legales de Toyota?". Esta pregunta da a entender, desafortunadamente, que cada uno de los abogados que trabajan en el litigio de Toyota cobra por hora. En realidad, los bufetes de litigios civiles suelen cobrar por contingencia, lo que significa que no cobran a menos que el caso de sus clientes prospere. Y cuando ganan el caso, los bufetes de litigios civiles suelen cobrar un porcentaje de la recompensa, no en función del número de horas dedicadas al caso.
Schonbrun concluye diciendo que las demandas colectivas, contra Toyota, BP u otras corporaciones irresponsables, "deberían consistir en que las personas más perjudicadas recibieran más dinero, pero, por desgracia, el actual sistema de demandas colectivas hace justamente lo contrario". Parece una nota final extraña teniendo en cuenta que el editorial exige menos representación legal para las víctimas de los vehículos de Toyota plagados de problemas de frenos y del vertido de petróleo de BP.
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